Nada prospera tanto como la industria editorial “en negro”. La complicidad del Poder Judicial y los pocos recursos policiales explican el clima de impunidad que rodea esta actividad delictiva solicitada masivamente por los sectores A y B. El periodista Ghiovani Hinojosa preparó, para el semanario Hildebrandt en sus Trece, un reportaje en el que se muestra cómo la piratería -que es un acto delincuencial- sigue campeando ante la impotencia y pasividad de las autoridades. Por cierto, reproducimos esta nota con autorización de su autor.
Por Ghiovani Hinojosa*
“Si te llevas 10 ejemplares, te los dejo a 5 soles la unidad”, nos dice un vendedor ofreciéndonos un ejemplar de El héroe discreto, la última novela de Mario Vargas Llosa. Estamos en la cuadra 6 de la avenida Grau, en pleno centro de Lima, en la galería Consorcio Grau, el reino del pirateo editorial. En cualquier librería el precio del libro es de 69 soles (unos 24 dólares).
Este “hueco” es, según la Policía, uno de los principales puntos de abastecimiento de los ambulantes dedicados a este rubro que merodean en los semáforos de la capital. “Es una buena oferta –continúa, persuasivo, el mayorista–. Tú puedes vender cada libro a 12 o hasta 14 soles”. Cuando le preguntamos quién lo abastece a él, el hombre, de unos 45 años, responde desconfiado: “Es un patita que viene de Comas. Allí tiene una imprenta. Llega cada semana con novedades”.
“Los ‘piratas’ que imprimen los libros suelen estar en la periferia de Lima: Puente Piedra, Comas, San Juan de Lurigancho, por ejemplo”, explica Liliana Minaya, gerente general de la Cámara Peruana del Libro. “Los talleres trabajan desde la medianoche hasta los 4 o 5 de la mañana –agrega–. Normalmente son grupos familiares pequeños. Los inmuebles están siempre a nombre de terceros. Cuando la mercadería está lista se distribuye en taxis o en pequeñas camionetas por las galerías Consorcio Grau o Polvos Grau”. Hay otros centros de distribución pero son más pequeños.
El negocio genera millones. Según el estudio “Mercado editorial en el Perú” (2013), realizado por la consultora Maximixe para la Cámara Peruana del Libro, la ‘piratería’ mueve en el país alrededor de 486 millones de soles. La cifra, sin embargo, no ha puesto en alerta al sistema judicial del país: no hay una sola persona presa por reproducir o comercializar libros ilícitamente.
El general Carlos Gómez, director de la Policía Fiscal, lo dice sin rodeos: “La fiscalía suele ser muy benigna. Normalmente los detenidos producto de las intervenciones salen a las pocas horas del Ministerio Público”. “Lo que ocurre –trata de explicar, por su lado, Miguel Puicón, titular de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos Aduaneros y Propiedad Intelectual– es que muchas veces los cargos contra los detenidos no están bien fundamentados. Hay muchos casos –continúa sacando la pelota de su tejado– en que el hecho de que el libro original sea de una editorial extranjera hace más difícil probar el delito”.
A pesar de que el Perú es uno de los principales mercados de reproducciones ilegales en la región, no existen juzgados especializados en delitos contra la propiedad intelectual. Esta carencia traba sistemáticamente la labor de la Policía y la propia administración de justicia. “A veces nos demoramos hasta un mes en conseguir que un juez nos dé permiso para romper la cerradura de un almacén ‘pirata’”, cuenta el coronel William Espinoza, quien explica que los pocos casos de falsificadores que llegan a los juzgados se frustran normalmente porque los magistrados no disponen órdenes de detención.
IDENTIFICANDO A LA MAFIA
El caso más emblemático fue el de Samuel Nonajulca Morocho, a quien la Policía detuvo en abril del 2004 con 30.000 libros falsos. Agentes de la Dirincri, luego de seguirlo por varios meses, habían determinado que Nonajulca lideraba un clan familiar integrado por tres de sus hermanos y un sobrino. El grupo operaba en cinco locales, entre imprentas y almacenes: dos en Comas, dos en Breña y uno en Cercado de Lima. Sus redes de distribución se extendían a Trujillo, Tacna, Tarapoto y Huancayo, y través de Puno, hasta Bolivia. Un día después de la captura, la jueza Pilar Carbonel, del Décimo Octavo Juzgado Penal de Lima, ordenó la liberación de Samuel Nonajulca. Hoy el clan entero está “no habido”.
Estas son las mafias que piratean libros. ¿Les caerá algún día el peso de la ley?
Otra mafia identificada por la Policía, con ayuda de la Cámara Peruana del Libro, y que fue liberada de facto por el sistema judicial, fue la banda de “La familia”. Este clan liderado por Silvia Medrano Yupanqui, alias la “Tía Silvia”, actuaba en complicidad con su hermana Claudia y su conviviente, Rodrigo Guzmán Sánchez. El grupo operaba cuatro imprentas de Puente Piedra, San Martín de Porres y Callao, y almacenaba sus libros en tres depósitos de los mismos distritos. El punto de venta era la galería El Dorado, del centro comercial Mesa Redonda, en el Centro de Lima. Allí hoy nadie da razón de ellos.
¿A qué se debe la impunidad de los ‘piratas’ editoriales? “Estamos bastante limitados en cuanto a recursos humanos y logísticos”, reconoce el coronel William Espinoza, jefe de la División de Investigación de Delitos Contra los Derechos Intelectuales. Su oficina, que cuenta con sólo 28 efectivos para combatir la ‘piratería’ a nivel nacional, no se da abasto para investigar y realizar operativos. Esta unidad policial no sólo se encarga del negocio de los libros piratas sino también de las mafias que operan detrás de las marcas falsas de ropa, de los CD y de las medicinas ‘bambas’. Eso explica por qué este año, en el rubro específico de “libros pirata”, sólo se ha realizado una requisa importante: 30.000 ejemplares, la mayoría de ellos best-sellers y textos de autoayuda. El decomiso tuvo lugar el pasado 24 de julio en la galería Polvos Grau. Llegaron de madrugada y rompieron los candados de decenas de stands que funcionaban como almacenes de publicaciones fraguadas.
“A veces, en algunos operativos, nosotros ponemos el transporte, los costales para los libros incautados, las máquinas para cortar candados, y hasta contratamos a los estibadores”, cuenta Liliana Minaya, representante del gremio editorial. Y, con cierta frustración, añade: “Ellos (la PNP) no hacen un verdadero seguimiento a los ‘piratas’ que imprimen, quiénes son los verdaderos reyes del negocio. La Policía sólo ataca a los vendedores minoristas de Amazonas y Quilca”. A fines del 2010, la editorial religiosa San Pablo descubrió que en la cuadra 6 de Grau se vendían ediciones fraguadas de la Biblia Latinoamericana y varios otros libros de evangelización. La editorial encargó una investigación a una agencia de detectives privados y detectó que los libros se reproducían en un taller clandestino en Ate. Las pesquisas lograron identificar a Miguel Ángel Valverde Ramos como el cabecilla del negocio. El 27 de enero del 2011 intervinieron el lugar y extrajeron 20 costalillos repletos de libros. Cuando ingresaron al taller, forzando la cerradura, no había nadie, por lo que no hubo detenidos. A día de hoy Valverde Ramos está prófugo de la justicia.
Este clima de impunidad ha convertido las calles de la capital en un mercadillo gigante donde se ha disparado la venta de libros ‘piratas’. Los principales puntos de venta son los cruces entre la avenida Javier Prado y Rivera Navarrete, Paseo Parodi y Arenales. También hay informales en otras intersecciones más “acomodadas” como la de la avenida Primavera y Velasco Astete, en Surco, y el cruce entre Aviación y Villarán, en Miraflores. Las épocas en que un vendedor gana más son Navidad y durante las ferias internacionales de libros. En julio pasado se presentó el libro Yo, Pedro, de Pedro Suárez Vertiz. Y un día después el mercado paralelo vendía ejemplares de este libro por cientos. Por aquellos días también salieron como pan caliente El club de la muerte, de Aldo Miyashiro, y La salud ¡Hecho fácil!, de Elmer Huerta.
Los vendedores informales compiten intensamente entre sí y suelen mostrarse agresivos con quienes advierten su actividad ilícita. Un pirata fotografiado por nuestra reportera gráfica en la intersección entre Javier Prado y Rivera Navarrete no dudó en seguirla varios metros y golpear su cámara a punta de puñetes.
Pero para que esto sea un negocio se necesitan compradores. Ningún amante de la lectura compra un libro ‘bamba’. “El perfil del limeño que compra pirata tiene entre 30 y 50 años, no suelen leer libros regularmente y no les importa el libro como objeto, sino únicamente la utilidad que puedan obtener de él”, explica Liliana Minaya. Para comprobarlo nos apostamos una mañana en la intersección de Javier Prado y Paseo Parodi. Allí el único vendedor de libros ‘pirata’, un hombre de unos 55 años, fue consultado una decena de veces por autos que iban en dirección de Lince a San Isidro. En casi todos los casos lo llamaron de vehículos particulares (no taxis), conducidos por personas de entre 30 y 50 años, hombres y mujeres por igual. Y preferiblemente se inclinaban por libros de “autoayuda”.
Estas semanas, los títulos más requeridos en esta esquina, cuenta el comerciante ambulante, son El secreto, de Rhonda Byrne; Palabras que sanan, de José Luis Pérez-Albela; y ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena?, de Iván Gutiérrez. Los tres cuestan entre 12 y 14 soles, dependiendo de la habilidad del comprador para regatear en los 80 segundos que dura el rojo del semáforo. De acuerdo a un sondeo del Instituto de Opinión Pública de la PUCP (2007), el 55% de encuestados del nivel socioeconómico A/B reconoció haber comprado un libro ‘pirata’. Cuanto más caro el carro, más dura la billetera.
*Informe titulado originalmente “Editorial Francis Drake” y publicado en el semanario Hildebrandt en sus trece el 11 de octubre del 2013.
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